Minería paceña crece sin control y hasta crean pueblos ‘fantasmas

El asambleísta Israel Alanoca reveló que en Sud Yungas una empresa creó una comunidad ficticia para justificar su actividad minera. Desde Comunidad Ciudadana advierten prebendas para realizar trámites

La minería en el departamento de La Paz, especialmente para la explotación de oro, creció sin medida en los últimos tres años, pese a la falta de contratos mineros aprobados desde la Asamblea Legislativa y hasta con respaldos de comunidades “inventadas” para justificar la actividad, según asambleístas que realizaron inspecciones en Los Yungas y el norte paceño.“La minería ilegal ha llegado a tal punto que han inventado comunidades para que se les conceda el permiso correspondiente para entrar a explotar. Hemos llegado a un lugar de Sud Yungas y una empresa inventó una comunidad, incluso afirmaron que los habían autorizado para que entraran a explotar el mineral. Pero cuando entramos a la supuesta comunidad no había nada ni nadie. El caso fue reportado a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y a la Gobernación”, reveló el asambleísta departamental Israel Alanoca, de la agrupación política Somos Pueblo, en contacto con EL DEBER.


El legislador paceño detalló que estas irregularidades fueron encontradas en plena inspección en el lugar y ahora están a la espera de las acciones por parte de la AJAM. Advirtió que en caso de no recibir respuesta, interpondrán una acción popular por daño ambiental o una demanda penal contra la autoridad competente por incumplimiento de deberes.

La Comisión de Medio Ambiente de la Gobernación de La Paz, en la anterior legislatura, inspeccionó zonas mineras de la provincia Larecaja, Sud Yungas, los municipios de Irupana y Chulumani, el Parque Madidi y al norte paceño donde existen comunidades indígenas que denunciaron la presencia de minería ilegal.

Eloy Sirpa, presidente de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco), reportó que solo en La Paz existen por lo menos 1.400 cooperativas mineras auríferas, pero que cada día se van incrementando. En el caso de Mapiri, su sector, solo el 40% cuentan con contratos y en la Federación la mayoría son cooperativas preconstituidas.“Otras cooperativas están agotando sus áreas, pero hasta ahora no tienen firma de sus contratos. Pero, las autoridades no hacen nada para combatir la minería ilegal y avasallamientos. Algunos pobladores tienen más que los funcionarios de la AJAM, al titular de la autoridad jurisdiccional le dicen cómo y cuánto tiene que trabajar”, reclamó el dirigente.Respecto al trámite que siguen para iniciar la explotación de recursos, mencionó que el paso inicial es la reserva de cuadrículas, sigue la emisión de la licencia ambiental y otros procedimientos hasta llegar a la firma del contrato. Sin embargo, lamentó que existan “muchas trabas y burocracia” para aprobar los documentos en el Legislativo.“Antes, mientras no teníamos los contratos se podía (sacar permiso) por el Sedcam para desarrollar actividades mineras, pero la AJAM no está dando curso a eso. Los contratos en la Asamblea demoran mucho tiempo, incluso los están devolviendo”, explicó.Según datos oficiales, hasta 2021 La Paz reportó 1.873 cooperativas mineras con 60.590 asociados. En todo el territorio nacional, están inscritas 2.388 cooperativas.La senadora por Comunidad Ciudadana (CC) y ambientalista Cecilia Requena sostuvo que casi la totalidad de quienes se dedican a la actividad minera no cumplen con las normas, mismas que incluyen poseer el derecho minero consolidado y dar cumplimiento a la licencia ambiental que obtuvieron. Advirtió que, incluso, para acceder a estos trámites se intercambian prebendas.“La Ley Minera es una gran traición al bien común porque establece que si uno reserva una cuadrícula hasta que acabe el proceso, ya sea que se lo nieguen o acepten, nadie más puede pedir esta cuadrícula. Eso ha servido como una especie de reserva, pero no es una reserva para esperar, sino que con eso se dedican a explotar cuando solo es el primer paso para la otorgación del derecho minero y es el colmo porque hay un desastre económico, ambiental y social”, señaló la senadora opositora.Requena dijo que en La Paz existen comunidades que se están levantando en contra de estos atropellos y por el impacto negativo en el medio ambiente.Desde el aspecto político, Requena alertó que hay una “alianza” del Gobierno con las cooperativas mineras al haber creado una ley minera “favorable” para quienes explotan los minerales. “Es un modelo de gobernanza prebendalista y, por lo tanto, la prebenda es una forma de corrupción”, apuntó.Recordó el caso de la exdirectora de la AJAM Nilda López, que recibió como “regalo” una cadena de oro por parte de una cooperativa. “Van a la AJAM con prebendas concretas para conseguir contratos específicos, en el caso de López fue posible probar ya que luego de darse cuenta del ilícito lo reportó como parte de los activos de la institución. Uno es el nivel global y luego viene nivel específico que vía prebendas se van entregando o iniciando trámites que incluso no debieran iniciarse”.El 13 de julio de 2022 se conoció que el presidente de la Cooperativa Kotani Chullpamarca entregó una cadena de oro a la entonces directora de la entidad, en calidad de obsequio. El caso fue denunciado ante la Fiscalía ya que luego de haberse entregado la cadena, en agosto la cooperativa se benefició con la reserva de 22 cuadrículas.

Desarrollo y migraciónDe acuerdo a datos oficiales del Ministerio de Minería y Metalurgia, La Paz recibió Bs 151 millones por concepto de regalías mineras de enero a mayo de este año, pero para los expertos esto no representa desarrollo para las comunidades que terminan abandonadas luego de ser “utilizadas” por la temporalidad de los asentamientos humanos dedicados a la minería.Para el asambleísta de Somos Pueblo Israel Alanoca, la geografía electoral podría verse alterada con el aumento de la minería en La Paz, aunque dijo que se debe tomar en cuenta que estos asentamientos son temporales sin necesidad de cambios de residencia.“En Tipuani lo que más se quejan es que van de otras provincias y de otras ciudades a explotar, pero una vez que consiguen el mineral se van y nos decía una vecina: ‘vienen a sacar y explotar el mineral y se olvidan del pueblo’. En Tipuani, por ejemplo, no hemos visto hospitales o buenas escuelas y hay deficiencia en eso. No hemos visto desarrollo en esos lugares”, aclaró.Tipuani, según los datos del ministerio, es uno de los tres municipios que, en los cinco primeros meses del año está a la vanguardia de la producción minera.Por otro lado, el aspecto migratorio se podrá ver representado en el Censo de Población y Vivienda de 2024 porque la mayor preocupación es el descenso de población de algunos territorios por la falta de empleo y el crecimiento de otros, lo cual se verá afectado en la distribución de recursos y de representación parlamentaria en los tres niveles.

El Deber