El descubrimiento del siglo: encuentran toneladas de oro a 2000 metros bajo el mar y pertenece a una sola provincia

Un hallazgo en aguas profundas reaviva una vieja historia de oro, disputa y jurisdicción que aún guarda un dato clave.

Decenas de toneladas de oro se encuentran a 2.000 metros de profundidad bajo el agua. Lo cierto es que el caso emblemático es histórico: un célebre naufragio del siglo XIX con cargamento aurífero fue localizado hace décadas y yace a más de dos kilómetros bajo el Atlántico. 

Con el tiempo, la historia sumó capas: expediciones en 1988-1991 y una operación reciente en 2014 recuperaron monedas, lingotes y piezas. Las estimaciones históricas hablan de decenas de toneladas embarcadas en 1857, pero solo se rescató una fracción.

Dónde y cuándo se encontró realmente el «barco de oro»

De acuerdo con los registros históricos del SS Central America, el hallazgo fue localizado en 1988 a unos 2.200 metros de profundidad (7.200 pies), en el Atlántico occidental frente a Carolina del Sur. Las campañas de rescate posteriores (fines de los 80 y en 2014) recuperaron parte del cargamento. La última de ellas se dio en un tiempo reciente, en 2014. 

El SS Central America, célebre por su cargamento de oro, yace a más de 2.000 metros de profundidad (Fuente: archivo).

Las estimaciones históricas sitúan la carga original en el orden de decenas de toneladas (lingotes, monedas y polvo de oro de California). Lo extraído de este hallazgo se sometió a procesos judiciales de reparto y liquidación.

¿A quién «pertenece» el tesoro y qué pasa con la idea de provincia?

En este caso, la competencia recayó en tribunales de almirantazgo de EE.UU. y en el Estado de Carolina del Sur (figura equiparable a una provincia en sistemas federales). 

Las cortes reconocieron derechos de salvage (rescate) y reclamaciones de múltiples partes. Hubo recuperaciones del oro en 1988-1991 y una expedición en 2014 con vehículos operados remotamente. 

Tras litigios y acuerdos, el material se distribuyó entre inversores, rescatistas y reclamantes conforme a sentencia; el Estado mantuvo interés por patrimonio y regulación.

FUENTE: EL CRONISTA