La Comisión Especial de la Cámara de Diputados que investigó el caso de la denominada «gasolina desestabilizada» recomendó remitir los antecedentes al Ministerio Público y a la Contraloría General del Estado para investigar presuntas irregularidades en la importación y distribución de combustibles. El informe identifica responsabilidades de los exministros de Hidrocarburos Mauricio Medinaceli y Alejandro Gallardo, además de exautoridades de YPFB, entre ellas Yussef Akly.
El diputado Carlos Alarcón informó que el documento plantea la apertura de investigaciones penales con base en los hallazgos e indicios recopilados por la comisión. Asimismo, solicita auditorías especiales de la Contraloría y recomienda al Órgano Ejecutivo fortalecer la capacidad logística y técnica de la Agencia Nacional de Hidrocarburos para mejorar el control de calidad de los carburantes.
Según Alarcón, el informe identifica seis presuntos delitos: conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, falsedad ideológica, daño calificado y negociaciones incompatibles, cuya investigación quedará en manos de las instancias competentes.