Organización campesina defiende la minería ilegal en el Madidi; rechazan las medidas judiciales en favor del Parque

Son las Bartolinas, quienes rechazan las medidas judiciales que salieron en favor del Parque Nacional Madidi que es un área protegida del noroeste de Bolivia y abarca desde las serranías subandinas hasta las pampas de la Amazonía.

A través de una resolución, la federación Bartolina Sisa defendió la actividad de minería que está asentada en el Parque Nacional Madidi y que según activistas afecta al medio ambiente de esa región; las Bartolinas rechazan las medidas judiciales que salieron en favor del área protegida.En el considerando primero del documento la organización campesina rechaza todas las medidas judiciales que se ordenaron para la protección del Parque Madidi, porque, según argumentan, irían en contra de los intereses de crecimiento de las comunidades campesinas que están apostadas en el Madidi.“Rechazar por completo todas las medidas judiciales que van en contra de los intereses del crecimiento y necesidades de las comunidades sobre el Área Protegida Madidi, que directamente afectan a los establecido en el plan de manejo 2014-2024, lo cual está vigente y con resolución administrativa aprobado por el SERNAP”, manifiesta el documento.

En mayo de esta gestión, el juez agroambiental Edwin Díaz ordenó que las Fuerzas Armadas apoyen en las tareas de protección dentro del Área Protegida y Parque Nacional Madidi, que tiene asentamientos de minería ilegal.

Y, en agosto, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado, General Hugo Arandia, instruyó el despliegue de un contingente del Ejército para apoyar al cuerpo de protección del Madidi.

Según una carta de respuesta de julio de este año, Arandia informó al juez agroambiental Policarpio Cantuta que se está dando cumplimiento al requerimiento que determinó Díaz en mayo.

Sin embargo, la organización campesina considera que tales autoridades, más que todo el juez agroambiental Edwin Díaz, carece del conocimiento sobre la región geográfica y que, por su decisión, se comenzó con una persecución judicial, mediática, sobre los pobladores de las comunidades que están involucradas en la explotación ilegal del oro.“Que, esta nueva acción judicial, está promovida por personas que ni siquiera conocen el entorno geográfico, el régimen de la distribución de tierras, la condición de un Área de Manejo Integrado, la existencia de un área intangible, que jamás se ha afectado”, señala parte de la resolución.Añade que tal medida judicial atenta contra todo “el desarrollo social, económico, laboral de nuestra población región, hábitat, desconociendo derechos constitucionales como el derecho al trabajo, derecho a la alimentación de los pobladores de esta región deprimida económicamente hasta el extremo”.

Además, acota que se deben retirar a los funcionarios del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) porque no hacen acatar las normas que establecen el manejo dentro del área.

FUENTE: BRÚJULA DIGITAL