El Gobierno promulgó el Decreto Supremo N° 5727, que declara como prioridad la reorganización, disolución y liquidación de empresas públicas del nivel central del Estado, a partir de diagnósticos técnicos.
La norma establece que la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública elaborará los diagnósticos, que deberán ser aprobados por el Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública. Luego, los ministerios tendrán hasta 15 días hábiles para gestionar los instrumentos normativos correspondientes.
Mientras dure el proceso, las empresas no podrán contraer nuevo endeudamiento, enajenar activos, incorporar personal permanente, aprobar incrementos salariales ni condonar acreencias. El decreto también dispone informes sobre el avance y resultados del proceso ante la Asamblea Legislativa.