Pasaron 42 años de la crisis económica que golpeó a Bolivia y el panorama sombrío que vivió el país. Desde mediados de 1983, el tipo de cambio oficial y el dólar de mercado negro, comenzaron a desviarse muy sustancialmente. El proceso se agravaría posteriormente. Este episodio parece replicarse ahora.
En principio, me refiero a lo acontecido en el Gobierno de Hernán Siles Suazo que perdió el control de la inflación, el incremento en los precios del dólar y, consecuentemente, de los productos de primera necesidad y los servicios, que subían día a día.
Este panorama se muestra actualmente, aunque el Gobierno de Luis Arce, a través de sus diferentes instancias, sostiene que la inflación está controlada e incluso que es la más baja de la región.
Ahora, en lo que hace a la divisa, si bien se tiene un dólar oficial, que se mantiene en los últimos años, los precios de la divisa en el mercado paralelo alcanzaron cifras inusuales, incluso llegando a subir en más de 300 por ciento, es decir, la unidad del dólar estadounidense superó los 18 bolivianos.
Consecuentemente los productos de la canasta familiar, entre otros, han sufrido incrementos desmesurados que incluso ya son prohibitivos para sectores de la población.
Entonces, las esperanzas depositadas en el retorno del régimen del MAS, interrumpido por un Gobierno provisional que enfrentó la epidemia de la COVID 19, se transformó en los últimos meses, por no decir desde 2024, en una creciente decepción.
Sin embargo, el Gobierno recurrentemente intenta justificar las causas de la difícil situación que afecta al país, y que se pueden resumir, en la no aprobación de créditos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), el bloqueo de caminos promovido por el evismo, conflictos externos, entre otros.
Lo real es que los ciudadanos hemos tenido que soportar y soportamos el encarecimiento de las carnes, la desaparición de productos del mercado como el arroz, aceite, entre otros.
Las respuestas del gobernante no son estructurales son parciales y poco efectivas: la venta de reservas de oro, la liberación de importación de combustibles, el racionamiento y control de compra de alimentos, además de la prohibición en la exportación de carne, soya y otros.
En este ambiente de crisis, la escasez de bienes básicos, suben los delitos de acaparamiento, la especulación de precios, el contrabando a la inversa, es decir, que los productos bolivianos salen a países vecinos por los mayores precios en que se venden.
A este panorama, se tiene que sumar la crisis de combustible en Bolivia que genera largas filas de motorizados públicos y privados que alcanzan varios kilómetros, en distintas ciudades del país.
El Gobierno señala que esto se debe a la falta de divisas, aspecto que fue justificado por el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, al sostener que “el bloqueo de créditos (en la Asamblea Legislativa Plurinacional) nos ha impedido contar con los recursos suficientes para comprar combustible en los mercados internacionales”, además de agregar las dificultades en la descarga de los carburantes por mal tiempo en la terminal de Sica Sica, en Arica.
Lo cierto es que la escasez de combustibles que afecta al transporte público y privado, a la agroindustria, la minería, se repite de manera constante no tiene soluciones estructurales.
Los gobernantes están en la obligación de plantear repuestas estructurales a la crisis que afecta a la población y evitar que los bolivianos peregrinen por alimentos y combustibles.
FUENTE: AMITEL