Desde la asunción del gobierno por el Movimiento Al Socialismo (MAS), el 22 de enero de 2006, en Bolivia fue implementado un sistema de compra de conciencias de dirigentes que, a través de “incentivos”, pasaron de ser representantes y defensores de sus bases y de los intereses nacionales, a colaboradores y hasta encubridores de los políticos encaramados en el poder.
Bajo el falso discurso de compartir el gobierno con el pueblo, los gobernantes compraron conciencias de dirigentes de organizaciones sociales, dándoles altos cargos, comisiones monetarias, automóviles y quién sabe si más.
Los otrora defensores de sus bases llegaron a tener en sus manos la decisión de quién debía ocupar equis o zeta función en determinada institución. Aquello no solo profundizó la corrupción, pues se comenzó a pisotear lo que las leyes establecen en el país. Ya no se aplica hasta ahora la meritocracia, sino la “llunkucracia” y eso derivó en el debilitamiento del Estado, que aun ahora no manda en algunas regiones y sectores.
Las atribuciones al margen de la ley que se dio a dirigentes de sectores sociales y productivos, afines al gobierno, dieron resultados negativos para el país; porque en lugar de fiscalizar y presionar a las autoridades del Órgano Ejecutivo para que hagan las cosas bien, líderes de sectores progubernamentales apañaron la mala administración, que derivó en la corrupción y crisis que hoy estamos viviendo.
Lo que se espera para el futuro inmediato es que el nuevo gobierno deje de comprar conciencias de quienes representan y deben defender a sus organizaciones sociales e intereses de la colectividad, y restablezca el cumplimiento de la ley y la presencia del Estado en todo el territorio nacional.
Queda claro que lo que se logró con la “compra” de conciencias de dirigentes de sectores sociales es la impunidad de autoridades corruptas, fomentar la corrupción, regularizar la ilegalidad, encubrir delitos como los avasallamientos, cometidos -en muchos casos- por aliados del gobierno, debilitar el Estado y casi eliminar la seguridad jurídica en Bolivia; lo que a su vez alejó a inversionistas, que no quisieron arriesgarse a trabajar en territorio boliviano.