Hablemos de minería y cooperativas
La Constitución Política del Estado (CPE) y otras leyes sectoriales regulan la actividad minera en el país, una normativa de gran importancia es la Ley 535 – Ley de Minería y Metalurgia.
El abogado especialista en el área, Jhonny Silva, explicó que esta norma regula las actividades minero metalúrgicas estableciendo principios, lineamientos y procedimientos, para la otorgación, conservación y extinción de derechos mineros, desarrollo y continuidad de las actividades minero metalúrgicas de manera responsable, planificada y sustentable.
Agregó que, además, establece el nuevo marco institucional, los roles y atribuciones de las entidades estatales y de los actores productivos mineros; y dispone las atribuciones y procedimientos de la jurisdicción administrativa minera.
Cabe señalar que el artículo 2º reconoce el dominio y derecho propietario del pueblo boliviano sobre los recursos minerales, cualquiera sea su origen o forma de presentación existentes en el suelo y subsuelo del territorio nacional. Asimismo, indica que ninguna persona natural o colectiva, aun siendo propietaria del suelo, podrá invocar la propiedad sobre los recursos minerales que se encuentren en el suelo y subsuelo.
En ese contexto, el legista Silva mencionó la importancia del artículo 8 de la Ley 535 respecto al carácter estratégico de los recursos minerales.
Explicó que “por la naturaleza no renovable de la riqueza minera, la importancia de su explotación para la economía nacional y por ser fuente primordial de generación de recursos fiscales y fuentes generadoras de empleo y trabajo, los recursos minerales y las actividades mineras son de carácter estratégico, de utilidad pública y necesidad estatal para el desarrollo del país y del pueblo boliviano”.
Añadió que de acuerdo con el Artículo 298 de la Constitución Política del Estado, la definición de políticas mineras es competencia exclusiva del nivel central del Estado, y la creación de entidades y empresas públicas relacionadas a las actividades mineras en toda o parte de la cadena productiva, es de dominio privativo del nivel central del Estado.
“Producto de la explotación de estos recursos mineralógicos tanto los municipios como los departamentos productores reciben las regalías mineras”, destacó.
Silva agregó que “el Estado está representado por la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y sus filiales, en tanto, la empresa minera estatal debe representar o debe realizar todas las actividades mineras, entre ellas, la prospección, exploración, explotación …”.
También dispone la importancia del artículo 9 que define como prioridad nacional la industrialización de los minerales.
Sin embargo, lamentó que “hemos sido un país exportador de materia prima que lamentablemente no ingreso a la industrialización”.
Recordó que la ley fija que ‘los créditos u otras formas de financiamiento provenientes de entidades estatales, destinados a la transformación industrial de minerales y metales de propiedad del Estado, se otorgarán en las condiciones más favorables vigentes para entidades de la misma naturaleza’.
“Los procesos de industrialización autorizados en la presente Ley a las empresas mineras estatales, podrán realizarse por la propia empresa o a través de una empresa autorizada mediante Decreto Supremo del Órgano Ejecutivo, a solicitud de la empresa interesada”, especificó Silva al referir que el Estado es el encargado de llevar adelante políticas mineras a través del Ministerio de Minería.
ÁREAS MINERAS
Corresponde hablar de ciertas características que tiene el área minera, aspecto que se considera en el artículo 15 de la Ley 535, que refiere que el área minera como extensión geográfica está formada por una o más cuadriculas que deben tener colindancia al menos, por un lado.
Si no existiera colindancia, el actor minero tendrá que solicitar por lo menos dos contratos administrativos mineros por no existir continuidad.
De acuerdo con la normativa, ‘las cuadrículas están orientadas de Norte a Sur y registradas en el cuadriculado minero nacional, cada cuadrícula se identifica por la coordenada en su vértice sudoeste y se ubica por el número de la Hoja de la Carta Geográfica Nacional a escala 1:50.000’.
“Sólo en zonas de frontera internacional y en las franjas de traslapo de las zonas 19, 20 y 21 de la proyección Universal Transversal de Mercator – UTM, pueden existir cuadrículas que tengan menos de veinticinco (25) hectáreas y no tengan los quinientos (500) metros por lado”, entre otros aspectos que refiere la normativa minera.
ÁREAS MINERAS LIBRES
Asimismo, Silva hizo énfasis en aquellos espacios que se consideran libres para desarrollar actividades productivas.
Este aspecto es considerado en el artículo 16 de la Ley 535 que señala que “todas las áreas mineras que a la fecha de promulgación (2014) de la presente Ley no sean objeto de derechos preconstituidos o derechos adquiridos, derechos de uso exclusivo, áreas y minerales reservados para el Estado, forman parte de las áreas mineras libres, para el otorgamiento de derechos a actores productivos mineros que las soliciten”.
“Es oportuno aclarar que esta ley hace referencia a los derechos preconstituidos que están garantizados por la Constitución Política del Estado”, señaló el abogado Silva.
Agrego, sin embargo, que estas áreas también deben estar en el proceso de adecuación “aquellos actores mineros que hubiesen solicitado su adecuación a la AJAM pueden continuar con la actividad minera”.
Silva también se refirió que ‘pasarán a formar parte de las áreas libres, luego de agotarse todos los recursos o instancias de Ley o contractuales’, entre ellas:
Por otra parte, el legista Silva hizo hincapié en el parágrafo V del artículo 16 de la Ley 535 que señala que “se levanta la Reserva Fiscal Minera establecida mediante Decreto Supremo Nº 29117 de fecha 1 de mayo de 2007 y sus normas modificatorias o complementarias”.
“Esto fue cuando se determinó que todas las áreas libres quedaban a favor de Comibol, esto con una idea de fortalecimiento a la Corporación Minera de Bolivia, pero posteriormente de acuerdo con el derecho que otorga la Constitución, se abre la posibilidad de solicitar las áreas libres”, explicó.