Zongo es un remoto y hermoso valle enclavado en el corazón de la Cordillera Real, a solo 56 kilómetros de la bulliciosa ciudad de La Paz. Sin embargo, llegar allí es un verdadero desafío. El camino serpenteante a través de montañas imponentes, donde la niebla y la vegetación exuberante crean un paisaje casi mágico, reminiscentes de los Yungas. La ruta es escarpada y, a menudo, intransitable, lo que requiere planificación y determinación para emprender el viaje. A medida que una se adentra en Zongo, la sensación de aislamiento se intensifica: las miradas cautelosas de los lugareños y la desconfianza hacia los extraños son palpables, recordando que este es un territorio que han protegido celosamente frente a las amenazas externas, en particular la minería.
“La tierra es más que un recurso, es nuestra madre. Cada vez que un minero llega, sentimos que nos arrancan un pedazo de nuestra alma. Luchamos no solo por nuestro territorio, sino por nuestra identidad”, dice Marcela Quisbert, comunaria de Zongo y una de las defensoras ambientales, mientras muestra todos los papeles envueltos en un aguayo.
Zongo, un refugio de biodiversidad en el municipio de La Paz, oculta la expansión implacable de la minería de oro y de otros minerales. Las actividades mineras se han infiltrado en las zonas más inaccesibles, mientras las comunidades indígenas luchan por resistir la amenaza extractivista que pone en peligro su tierra y su vida.
Lo que alguna vez fue una región dedicada a la agricultura y al uso sostenible de los recursos naturales, ahora enfrenta una lucha desigual contra más de 500 cooperativas mineras, que operan con poca o ninguna regulación, según datos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.
En sus inicios, Zongo explotaba pequeños recursos, principalmente para cubrir el autoconsumo de las comunidades aymaras que habitan la región. Sin embargo, con el auge del extractivismo en Bolivia, la minería comenzó a expandirse utilizando métodos agresivos que no solo devastan el ecosistema, sino que también ponen en peligro la cultura y la vida de los habitantes.
En 2010, las 35 comunidades de la Central Agraria de Zongo tomaron una decisión histórica: expulsar al empresario minero Oscar Bellota. Este fue un paso crucial en su resistencia, aunque tuvo un alto costo. Los líderes de la comunidad fueron perseguidos y encarcelados, pero lograron transferir los casos a la jurisdicción indígena, consolidando un precedente en su lucha. Esta historia forma parte del documento elaborado por Pedro Pachaguaya, titulado La defensa territorial desde la jurisdicción indígena de Zongo.
El conflicto se remonta a los años 60, cuando Bellota se asentó en estas comunidades para explotar la mina y comenzó a extraer la scheelita, un mineral formado por wolframio y calcio.
Con el tiempo, el empresario fundó la mina Mauricio Alexander. La scheelita tenía una alta cotización en el mercado debido a su uso en la industria espacial, armamentística y electrónica, por su gran resistencia al calor.
Según los comunarios, la explotación minera provocó la contaminación del río Zongo, tráfico de tierras, deforestación y atropellos a los derechos laborales de sus trabajadores.
Posteriormente, Bellota creó la Cooperativa Minera 28 de Octubre, ubicada en la mina Alexander, que se encontraba en las comunidades de Cahua Grande y Cahua Chico.
La Resistencia de Zongo: Justicia indígena contra el poder extractivista
«La mayoría en la ciudad no sabe que gran parte del municipio de La Paz es rural, y que son las comunidades aimaras quienes han trabajado estas tierras desde tiempos ancestrales», explica Pedro Pachaguaya, antropólogo especializado en sistemas de justicia indígena.
Las cooperativas mineras operan actualmente en Zongo, están promoviendo un modelo extractivista que ignora tanto la naturaleza como las decisiones comunales.
Para proteger su territorio, las comunidades han recurrido a su sistema de justicia indígena. En este sistema, las autoridades rotan y participan activamente en procesos judiciales propios, reafirmando su derecho a decidir sobre su futuro.
Según explican los comunarios, ante la sistemática presencia de una cooperativa minera en su territorio, decidieron organizarse para limpiar y recuperar sus tierras. Sin embargo, esta acción desencadenó un violento ataque por parte de los mineros. La Policía se constituyó en el lugar, pero solo detuvo a nueve campesinos y no a ningún miembro de la cooperativa minera.
A pesar de que la jurisdicción originaria de Zongo tiene reconocimiento constitucional y, de acuerdo con la Carta Magna, goza de la misma jerarquía que la justicia ordinaria, las comunidades continúan enfrentándose a un sistema que frecuentemente favorece a los intereses mineros.
FUENTE: ERBOL