Las cooperativas mineras extraen oro sin ningún tipo de control e incluso son atacadas por organizaciones que se asientan en las zonas para buscar oro. Además, el comercio sexual de menores de edad sigue en las calles de Mapiri
Mapiri sufre todos los días por la febril explotación del oro. En este municipio, ubicado en la provincia Larecaja del norte del departamento de La Paz, no hay control minero y la trata y tráfico de mujeres sigue sin pausa. La minería provocó la contaminación de las aguas de sus ríos, pero también se ve que la búsqueda feroz de oro desvió el cauce de estas aguas, ocasionando que la tierra sufra de deslizamientos.
Eso sucedió en un área de Mapiri. El domingo un alud se cobró la vida de tres personas. Eran tres “poceros” que buscaban oro en una zona peligrosa. La tierra cedió y la tragedia sucedió en pocos segundos. Pocos días duró la pena. Ayer, la cooperativa minera 19 de Marzo, donde sucedió la desgracia, volvió a operar, volvió a buscar oro en el mismo sector.
Hace un mes el alcalde de Mapiri, Alfredo Apaza, pidió a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) que ejerza control a las cooperativas mineras asentadas en la zona. La autoridad decía que si la AJAM no actúa podía haber desgracias. Y eso sucedió el fin de semana.
“Será la responsabilidad de la AJAM porque no puede tomar acciones, se ha ido a notificar a las personas que se dedican a la explotación de oro, pero no hay resultados. Están trabajando dentro de la mancha urbana y la AJAM no hace nada para evitar que se extienda la explotación ilegal”, afirmó Apaza hace un mes.
Sin control
En Mapiri, que está a 132 kilómetros de la sede de Gobierno, la ley no existe. La población, casi en su totalidad, se dedica a la búsqueda de oro en los ríos. Las cooperativas mineras crecen en la zona y se viven enfrentamientos por algunos sectores. Hace tres semanas fue el más reciente. Los pobladores se enfrentaron por la explotación de oro en el sector de Cañopampa, área urbana del municipio, que es ocupado por una parte de los vecinos. Los dirigentes vecinales y de la Organización Territorial Boliviana (OTB) denunciaron que están desviando el cauce del río Merke.
Apaza dejó sentado que la ley del más fuerte manda en Mapiri, ya que los conflictos sociales por avasallamiento de tierras que tiene bajo propiedad las cooperativas, legalmente establecidas, es pan de cada día. “La toma de tierras son alentados por grupos organizados que vienen desde otras regiones del país”, subrayó.
El burgomaestre relató que en Mapiri los asentamientos se dan de un momento a otro. Incluso denunció que hay personas extranjeras que están detrás de las organizaciones que intentan anular a las cooperativas que ya están asentadas hace años.
“Hay hartos problemas en Mapiri y el gobierno no puede solucionar, los avasallamientos son constantes y la violencia campea por el municipio. No hay ley, el Ministerio de Minería no ha podido poner orden”, lamentó Apaza.
José Pimentel, exministro d Minería, retrató cómo la ley es vulnerada, constantemente, por las cooperativas mineras que explotan oro en el territorio nacional. La exautoridad denunció la presencia de intereses extranjeros de otros países en la explotación del oro en el territorio nacional.
“En 2018, el Gobierno realizó una serie de operativos contra esta actividad, que estaba en alianza con cooperativas. Se expulsó a los extranjeros y paralizaron operaciones, lo que creó un problema social que fue superado con el compromiso de entrega de la producción a una comercializadora estatal”, relató Pimentel.
En Mapiri todos hablan de oro. Trabajan para sacar oro. Negocian con oro. Y pelean por el oro. En el mismo municipio hay enfrentamientos por terrenos donde se puede explotar el metal precioso. También hay problemas legales, pero sin atención. El comercio también gira en torno a la explotación de oro.
En medio de esa fiebre por el oro sucedió la desgracia este fin de semana. Un alud enterró a tres personas que fallecieron. Se pudieron rescatar los tres cuerpos. El último fue rescatado ayer en la madrugada. Hubo un sobreviviente, quien es atendido en el hospital del municipio.
Los que fallecieron son los denominadas “poceros”, que son personas dedicadas a extraer oro en pozas que dejan las maquinarías en la explotación minera aurífera. Tienen un tiempo limitado para hacer ese trabajo. Algunas cooperativas dan una hora a los “poceros” para que puedan encontrar residuos de oro.
Ayer, la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap) responsabilizó por la muerte de los tres mineros en Mapiri a las autoridades de Gobierno, por no realizar los controles en las áreas de explotación.
El vocero de la Contiocap, Álex Villca, dijo que la mayoría de las actividades mineras que se realizan en el sector es ilegal y que la AJAM, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) no realizan los controles que están entre sus atribuciones; inacción que pone en riesgo la vida de las personas y el patrimonio cultural del pueblo boliviano.
“Las instituciones del Estado hacen caso omiso al mandato que tienen establecido. Es el caso de Sernap, tiene como misión controlar, vigilar estas áreas protegidas, pero ellos permiten el ingreso de la minería ilegal. La AJAM es la encargada del rubro, de dar los permisos, de hacer el control y monitoreo. ¿Dónde está la ABT y el INRA? También son responsables”, reclamó Villca.
Trata y tráfico
Esa fiebre por el oro también trajo más desgracias a Mapiri. En ese municipio la trata y tráfico de personas -sobre todo de mujeres- sigue sin pausa y sin controles. La presencia extranjera de ciudadanos chinos y colombianos en la región, frente a un débil control estatal, ocasiona que haya comercio sexual en Mapiri abiertamente.
La tranca de Urujara, ubicada a 10.2 kilómetros de la ciudad de La Paz, es un paso casi obligado de las redes de trata de mujeres para la explotación sexual y comercial. Ahí el control policial es casi nulo.
Varias menores de edad y jóvenes son obligadas a ir a zonas auríferas para ser explotadas sexualmente. En Mapiri hay calles con lenocinios que funcionan incluso en horario diurno. No hay control. Hace un tiempo la Alcaldía del lugar hizo un operativo y detectó a víctimas extranjeras, pero también nacionales. Clausuró esos lugares, pero en poco tiempo volvieron a atender. En medio de esa inseguridad, la cooperativa donde sucedió la desgracia seguirá operando. Es más, ayer volvió a encender motores.
FUENTE: EL DEBER