La minería ilegal genera rechazo en toda la población boliviana y en especial entre los mineros que se dedican de manera legal a esa actividad, porque son agredidos, amenazados y sus áreas mineras avasalladas por quienes desarrollan operaciones en ese rubro, pero al margen de la ley.
Además de no dejar ningún beneficio para el país y las regiones en las que opera, la minería ilegal destruye, es la que más contamina, atropella a comunarios e incluso afecta y daña reservas naturales.
En ese contexto, el reciente 5 de julio, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (Ajam) informó que había desarrollado operativos con el apoyo de la Policía Boliviana para intervenir y desbaratar actividades mineras ilegales detectadas en el municipio de Samaipata, en la provincia Florida de Santa Cruz.
“En el lugar se encontró en flagrancia a 12 personas realizando explotación ilegal de minerales, en un área minera libre; por lo que la fuerza pública procedió a su aprehensión”, señala la información de la Ajam.
Las personas aprehendidas fueron puestas a disposición de las autoridades pertinentes, para que sean investigadas y, según el caso, procesadas y sancionadas, si correspondiera, de acuerdo con los resultados de las indagaciones y lo señalado por la legislación.
Asimismo, de acuerdo con la Ajam, se evidenció la existencia de once volquetas, una excavadora y otra maquinaria que eran empleadas para la explotación de arcilla, vehículos que fueron secuestrados por el personal policial.
La entidad encargada de la administración y regulación de actividades mineras en Bolivia explicó, además, que las actividades ilegales en Samaipata, incluyendo el movimiento de tierras, al margen de ser una explotación sin autorización, generaban contaminación ambiental.
Se debe recordar que la explotación ilegal de minerales está tipificada como delito en el artículo 232 del Código Penal Boliviano y la sanción a quienes cometan ese hecho ilícito es de entre cuatro y ocho años de privación de libertad.
La minería ilegal en Bolivia es cada vez más difícil de controlar y opera en numerosas regiones del país, muchas de ellas de difícil acceso. Paralelamente, según operadores mineros legalmente autorizados, las inspecciones de la Ajam son esporádicas y en muchos sitios inexistentes, por lo que los cooperativistas mineros vienen exigiendo hace ya varios años que las acciones de esa institución sean permanentes y lleguen a todas las regiones del norte de La Paz, donde hay denuncias de extranjeros con grandes capitales y maquinarias que estarían operando impunemente, dañando el ecosistema, sobre todo los ríos, sin que ninguna autoridad se pronuncie o haga algo al respecto.
FUENTE: AGENDA MINERA