Con el objetivo de enfrentar la minería ilegal, el Ministerio Público, en coordinación con la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera y la Escuela de Fiscales del Estado, estudia mecanismos para luchar de manera eficaz contra este ilícito que daña el medioambiente, vulnera los derechos humanos, entre otros.
Para este propósito, el fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, dio inicio al Seminario Taller sobre Acciones Contra la Explotación Ilegal de Recursos Minerales y su Persecución.
“Este espacio de formación y articulación interinstitucional representa una oportunidad clave para fortalecer nuestras capacidades técnicas y jurídicas, así como para consolidar mecanismos de cooperación más efectivos en la persecución penal de estos delitos. A pesar de los esfuerzos del Estado por regular el sector minero mediante normativas como el Código Penal, la Ley de Minería N° 535 y compromisos internacionales, la lucha contra la minería ilegal aún enfrenta desafíos significativos, por ello, este seminario busca promover una respuesta más eficaz, coordinada y respetuosa de los derechos humanos y del medio ambiente”, sostuvo Mariaca durante la inauguración del evento.
Entonces, el encuentro realizado en la ciudad de Santa Cruz, pretende fortalecer las capacidades investigativas del sistema de justicia penal frente a uno de los delitos más complejos y transversales que enfrenta el país.
PROGRAMA
En el evento se abordaron temáticas especializadas como el panorama de la minería ilegal y su impacto en la región, el marco normativo vigente, la estructura y competencias de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), el procedimiento interno de atención de denuncias, así como metodologías para la identificación y documentación del delito.
REDES DELICTIVAS
La fiscal Superior en Anticorrupción, Mirtha Mejía, manifestó que este ilícito, es decir la explotación ilegal, es promovido por redes delincuenciales.
“La Fiscalía organizó este curso con el fin de fortalecer las técnicas de investigación y hacer frente de forma más efectiva a estos delitos que no solo destruyen el medioambiente, sino también vulneran gravemente los derechos humanos y están vinculados a redes delictivas nacionales e internacionales”, mencionó.
PROTECCIÓN
En este contexto, el Fiscal General hizo énfasis respecto a la necesidad de intervenir los ilícitos mineros, pero todo dentro del respeto a los derechos humanos.
Es así que destacó el enfoque integral del evento porque congrega a Fiscales Superiores de áreas de derechos humanos y otras, con la finalidad de “articular esfuerzos institucionales y promover una persecución penal más efectiva, coordinada y con enfoque de derechos humanos, en la defensa de los recursos naturales del país y la protección de la sociedad y su biodiversidad”.
NORMATIVA
En Bolivia, la minería ilegal, es decir, la explotación de recursos minerales sin autorización o derecho minero, es un delito penal según el artículo 232 del Código Penal.
La sanción por este delito es la privación de libertad de cuatro a ocho años.
La venta o compra de minerales producto de la explotación ilegal también es un delito, con una pena de privación de libertad de tres a seis años.
OTROS ASPECTOS
La Ley N° 535 de Minería y Metalurgia establece los requisitos y procedimientos para obtener los derechos mineros.
La AJAM es la entidad responsable de la fiscalización y control de las actividades mineras.
La explotación ilegal de recursos minerales puede tener consecuencias ambientales y sociales negativas, además de las sanciones penales.
El artículo 232 bis del Código Penal penaliza el avasallamiento en área minera.
El artículo 232 quater del Código Penal penaliza la adquisición, venta, distribución, transporte, importación o almacenamiento de insumos químicos destinados a la comisión del delito de minería ilegal.
La ley boliviana también penaliza el hurto de minerales, que puede ser agravado si el autor tiene una relación de dependencia con la empresa minera o es un servidor público.
INTERVENCIÓN
En este panorama, la AJAM coordinó la intervención contra minería ilegal en Potosí.
La directora de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Ana Sofía Cameo, anunció un operativo conjunto con la Fiscalía Departamental de Potosí, la Policía y la Empresa Alcira para intervenir en la minería ilegal en esa región del país.
“Se está hablando de un gran contingente de personas que están ubicadas en el sector (…). Se están realizando las coordinaciones a efecto de tener un retiro pacífico y evitar tener algún tipo de enfrentamiento. Tenemos antecedentes bastante complejos en La Paz por enfrentamientos por actividad minera. Lo que menos queremos es generar este tipo de conflictos”, señaló.
Denuncia de
la empresa minera
El 2 de mayo de 2024, la empresa minera Alcira denunció que el 16 de abril, uno de sus vehículos fue interceptado por Andrés Q.N. en Machacamarca, en el municipio de Tacobamba, en el departamento de Potosí, donde se encuentra el área de exploración de la compañía. Posteriormente, un grupo de 15 personas apareció con pasamontañas para amedrentar al personal.
El Grupo Fides difundió un audio del exfiscal Javier Mezza, en el que revela las presiones que tuvo para dictar la resolución de sobreseimiento el 7 de enero de 2025 en favor del imputado por robo agravado a la empresa Alcira.
La directora de la AJAM admitió que el caso es complejo.
“El tema de Alcira es complejo, estamos hablando de mínimamente 200 personas que están asentadas en el lugar. Es directamente con la fuerza pública (…). Se está coordinando, estamos realizando todavía las gestiones, como las tareas de apreciación del lugar, el número de accesos y demás”, indicó Cameo.
FUENTE: AMITEL PRESS