Luego de una verdadera guerra mediática de denuncias y contradenuncias en el marco del denominado “caso piscinas” del litio entre radicales y renovadores del Movimiento Al Socialismo (MAS), culpándose unos a otros de lo que en determinado momento se llegó a calificar de “fracaso de la industrialización del litio”, la investigación continúa, pero en un marco de discreción, aparentemente, para evitar que los costos políticos sean de mayor seriedad para los frentes en disputa.
El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó recientemente que la investigación por presunta corrupción en el proceso de implementación e impermeabilización de las piscinas de evaporación, que alimentan las plantas de industrialización de litio en Uyuni, Potosí, se ampliará a otras cuatro personas a solicitud de la comisión de fiscales a cargo del caso.
“La comisión de fiscales ha visto la necesidad de ampliar la investigación a otras cuatro personas, además de las que inicialmente han sido denunciadas”, informó Lanchipa, en declaraciones a periodistas de Sucre.
Se debe recordar que el denominado “caso piscinas” fue abierto a mediados de abril de este año, luego de la denuncia interpuesta por la presidente de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Karla Calderón, por la presunta comisión de delitos relacionados con daño económico al Estado por un monto superior a los 425 millones de bolivianos.
En principio se informó que eran once los denunciados por el caso, entre ellos Luis Alberto Echazú, exministro de Minería y exgerente nacional de Recursos Evaporíticos, y la gerente de la empresa Gerimex SRL, Paula Garáfulic; quienes cumplen detención domiciliaria.
Asimismo, también se había incluido en la denuncia al ingeniero Juan Carlos Montenegro, exgerente ejecutivo de YLB, quien falleció días después de conocer su vinculación con el proceso, debido a un paro cardiorrespiratorio, según el informe forense.
Se debe recordar que el caso fue denunciado el 18 de abril por la presidente ejecutiva de YLB ante el Ministerio Público, en contra de exfuncionarios de esa empresa estatal por los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica e incumplimiento de contrato, en la construcción de las piscinas industriales de evaporación en el complejo industrial.
La autoridad denunciante había explicado en la oportunidad que un informe de auditoría interna identificó la responsabilidad de diez exfuncionarios y de una empresa adjudicataria por contratos irregulares en la construcción, impermeabilización y puesta en marcha de 18 piscinas industriales, entre 2013 y 2017, cuando aún existía la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos.
FUENTE: AGENDA MINERA