
Luego de que las inundaciones y riadas afectaran a varias localidades en el norte de La Paz, en regiones donde se desarrollan actividades mineras, surgieron denuncias referidas a que los desastres habrían alcanzado mayor gravedad por el desvío de los cauces de ríos, por quienes trabajan en la minería de manera ilegal.
Al respecto, el ahora exministro de Minería y Metalurgia, Marcelino Quispe López, había afirmado que se evaluaría una posible intervención a la minería ilegal, que estaría generando problemas de inundaciones.
“Una vez evaluado, se tomarán las medidas correspondientes. Vamos a intervenir lo antes posible si se trata de minería ilegal”, había expresado Quispe López, días antes de ser reemplazado en el cargo de ministro por Alejandro Santos.
De acuerdo con reportes gubernamentales, una inspección realizada entre técnicos de los ministerios de Minería y Metalurgia, y de Medio Ambiente y Agua, junto con personeros de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (Ajam), estableció que algunas labores mineras habrían incidido negativamente al cimentar sus diques de agua, lo que habría ocasionado el aumento del caudal del río.
Se debe recordar que en reiteradas oportunidades, representantes de federaciones de cooperativas mineras auríferas que desarrollan sus actividades en el norte de La Paz exigieron a las autoridades de la Ajam y del Ministerio de Minería la intervención y suspensión de actividades mineras ilegales que –según los denunciantes- proliferan en las mencionadas regiones, aprovechando los esporádicos e incluso nulos controles de las autoridades.
Las denuncias y solicitudes de las federaciones de cooperativas auríferas no fueron atendidas, pese a la insistencia de sus representantes que en varias ocasiones afirmaron que mineros ilegales avasallan áreas de trabajo de quienes operan con las autorizaciones correspondientes.
Se debe informar, finalmente, que en localidades seriamente afectadas por las lluvias, como Tipuani, Guanay y otras, fueron los propios cooperativistas mineros auríferos que acudieron en ayuda de los damnificados, no solo con alimentos y vituallas, sino con su maquinaria y hasta con combustible, para limpiar caminos, calles y avenidas que habían quedado bajo el lodo.
Es necesario hacer notar que la lucha contra la minería ilegal es una exigencia de la población, en general, y de los actores mineros legalmente establecidos, en especial, por lo que el problema continuará siendo parte de los objetivos gubernamentales.
FUENTE: AGENDA MINERA
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