Las movilizaciones de las cooperativas mineras auríferas, registradas en la primera quincena de noviembre en La Paz, generaron polémica en la opinión pública nacional y fueron centro de atención de numerosos espacios informativos y de análisis en medios de comunicación, especialmente por lo relacionado con las áreas protegidas.
Sobre el tema, en ese contexto, en entrevista con la politóloga Susana Bejarano en el programa Desacuerdo, que se difunde a nivel nacional por la cadena televisiva RTP, el abogado Jhonny Silva, experto en derecho minero, aclaró que las cooperativas del sector no tienen la intención de ingresar a operar en áreas protegidas y agregó que por ley no existe la posibilidad de otorgar nuevas concesiones mineras en esas reservas; pero también confirmó que sí existe actividad minera ilegal en esos ecosistemas, que es desarrollada por grandes empresas que operan al margen de la ley y que no son controladas y menos intervenidas por las instancias gubernamentales encargadas de esas tareas, como la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (Ajam).
“Hay empresarios que evidentemente están camuflados como inversionistas, pese a que en el sector de todo lo que es el río Tuichi, en el sector de Apolo, hace mucho tiempo atrás no se han otorgado nuevos derechos mineros”, explicó el experto.
Silva agregó que las cooperativas mineras auríferas son las más interesadas en que se ponga freno a la minería ilegal, como lo exigieron en su pliego petitorio enviado al Gobierno, por ser también afectadas por los operadores ilegales, que frecuentemente avasallan sus áreas de trabajo, en ocasiones en concomitancia con comunarios.
“Muchas cooperativas que están legalmente constituidas, tienen su contrato, ya sea preconstituido o contrato nuevo, son sujetos de avasallamiento por parte especialmente de comunarios, que se alían en muchos casos –como en el caso de Apolo- con empresarios ilegales”, añadió.
El jurista explicó que si bien es un derecho legítimo el de los pueblos originarios de ser consultados sobre si están o no de acuerdo con el aprovechamiento de los recursos de sus territorios, hay casos en los que los propios comunarios se aprovechan de esa situación y llegan a incurrir en actividades que van en contra de la ley.
“Los pueblos originarios tienen derecho a ser consultados para el aprovechamiento de sus recursos naturales, dentro de su radio de acción. A raíz de esto, se suscitan los avasallamientos, las comunidades se organizan, muchos en cooperativas. Inclusive, hasta hace cuatro años, la Ajam daba áreas mineras libres sobrepuestas a pertenencias, porque el sistema de concesiones recién cambia el 2009, y todo esto ha hecho que haya un problema que es latente para el sector cooperativo minero como son los avasallamientos y minería ilegal”, afirmó Silva.
COOPERATIVAS SOLO PIDEN RESPETO A DERECHOS
PRECONSTITUIDOS
El especialista se refirió al tema de los derechos preconstituidos de algunas cooperativas mineras auríferas. Silva aclaró que el sector minero aurífero cooperativizado no busca la otorgación de nuevas zonas de trabajo en áreas protegidas y explicó que lo único que pide es que se respete los derechos preconstituidos de quienes trabajan y son titulares de derechos mineros en esos territorios, desde antes de la puesta en vigencia de la actual Constitución Política del Estado (CPE).
“Simplemente, la Ajam está adecuando actualmente los derechos preconstituidos. No está otorgando nuevos derechos mineros. Ningún actor productivo minero tiene contrato en el sector de Apolo, por el Parque Nacional Madidi. Sin embargo, como es de conocimiento público, sí existe actividad minera ilegal. Es por este motivo el pedido de los auríferos de que la Ajam luche contra la minería ilegal y les dé seguridad jurídica”, enfatizó.
En torno al problema de los avasallamientos, que afectan no solo a los sectores productivos, sino a la población boliviana en su conjunto y, por supuesto, también a las cooperativas mineras auríferas; el jurista explicó que existe una norma que tipifica como delito esas acciones, pero agregó que las autoridades no la hacen cumplir.
“Es cierto que la Ley 535 (de Minería y Metalurgia) establece un procedimiento de amparo administrativo, pero lamentablemente no hay operatividad por parte de la Ajam y ese es el reclamo del sector minero aurífero cooperativizado”, concluyó el especialista Jhonny Silva.
El sector minero aurífero cooperativizado es uno de los que mayores ingresos generan en Bolivia y podría constituirse en uno de los principales aportantes para coadyuvar a recuperar la debilitada economía nacional.
Sin embargo, esa importante capacidad de generación de recursos económicos del sistema minero aurífero cooperativizado es aún poco beneficiosa para el país, no por culpa de los cooperativistas que vienen pidiendo pagar impuestos hace más de cuatro años, sino –en criterio de entendidos en materia económica- debido a la falta de gestión e incluso de interés de las autoridades nacionales, que nada han avanzado en la normativa referida al régimen tributario del sector, propuesto en 2018.
FUENTE AGENDA MINERA